Millones fugados y damnificados muertos

Con millones fugados, varios damnificados fallecidos, sin imputación para los escribanos de Paraná y críticas a un fiscal, ya se dictó la prescripción de algunos expedientes, se confirmó a Códigos. Los detalles y las dudas.

Tras años de espera y a poco de comenzar el juicio por las millonarias estafas con ventas de terrenos, pero llamativamente, la justicia llamó a una audiencia para consultar a las partes sobre la posible prescripción de la causa, reveló el programa Códigos.

Podría prescribir la causa en la que 400 personas fueron estafadas al comprar un terreno en Oro Verde y otras localidades del departamento Diamante. Cabe recordar que las estafas ocurrieron entre 2012 y 2019 e intervinieron varios escribanos de Paraná que no fueron imputados por la Fiscalía. Además, se estima que la estafadora y su hermano (ambos imputados) recaudaron casi 2 millones de dólares, producto de las estafas.

Cómo se inició la causa

Por esos años, distintas personas y hasta corredores inmobiliarios, habían invertido en la compra de terrenos en la zona de Oro Verde y otras localidades del Departamento Diamante. Los contratos de parte se habían celebrado acordando, en ese entonces, valores aproximados de $300.000 por cada terreno, con distintas modalidades de pago.
Lo cierto es que llegó el momento de escriturar o tomar posesión y se fueron encontrando con que habían sido víctimas de una estafa. Se confirmó que los lotes fueron, vendidos a distintas personas, sin que ninguno llegue a poder incorporarlo a su patrimonio ni recuperar el dinero.

Los imputados

Dos personas fueron imputadas por distintos cargos: se trata de Norma Raquel Migueles y su hermano, José Ricardo Migueles. Según informó el programa Códigos, “todo habría sido pergeñado por gente que estaba alrededor de la mujer, quien era la mano ejecutora. Ella, ponía la firma, asistía a estudios notariales, para que, con escribanos de Paraná, se ratificara la venta de terrenos. Algunos lotes no existían y otros no estaban a la venta. Pero Migueles, igual recibía el dinero por parte de los compradores”, se dio a conocer.

Motivos de la prescripción

El abogado Sergio Pacher, querellante en la causa, explicó a Elonce, los motivos por los que podrían hacer caer el proceso contra los hermanos Migueles. “Algunos hechos fueron tomados por el fiscal, con la fecha de la firma de Boleto de Compra-Venta y no del día en que se hizo la denuncia; razón por la cual, este tiempo de uno o dos años de diferencia, hizo que prescribieran tres o cuatro hechos, de un cúmulo mucho más importante de denuncias”, explicó el letrado al dialogar con Códigos.

“Por una cuestión técnica se realizó una audiencia para consultarnos acerca de la pertinencia o no de la prescripción de la causa”, señaló Pacher y mencionó que “el delito de estafa, tiene una pena máxima de seis años de prisión, entonces, los delitos, estarían prescribiendo por el cómputo de pena que toma el Código Penal”, aclaró el querellante en la causa por la multimillonaria estafa.

Las dudas

Pacher sostiene que “no hubo ninguna interrupción del período de ningún hecho, que permita interrumpir la prescripción. Y esto pasa, por algunas cuestiones, que no pongo en duda el trabajo de la Fiscalía; pero si el hecho de que hubo más de un fiscal y se debería haber trabajado en conjunto, en virtud de los hechos tan engorrosos, abultados y tan dispersos que incluyen la causa”, remarcó el abogado.

Sin escribanos imputados

Desde 2020, el abogado reclamaba que se investigara a los escribanos, puesto que según consta en la causa, “los escribanos siguieron firmando los boletos de compra y venta. En los allanamientos, se encontraron modelos de boletos de contra-venta en las casas de los escribanos”, había contado Pacher a Códigos y reiteró: “a sabiendas de que había denuncias penales contra la señora Migueles, seguían haciendo boletos de compra venta como quien emite boletos de colectivo”.

Lo secuestrado en los allanamientos.

“Esto era un ardid, una organización delictiva formada por escribanos y esta gente. Hay varios escribanos de Paraná involucrados”, remarcó Pacher a Elonce y agregó que “yo denuncié esa actuación como una “Asociación Ilícita” ante el fiscal Ignacio Arramberry, porque para mí, estaba muy claro que era una “Asociación Ilícita” en la que intervenían los Escribanos y los Particulares. Sin embargo, esto no fue tomado en cuenta. El fiscal decidió no imputar a los escribanos, pero para mí, deberían estar sentados en el mismo banquillo que la señora Migueles y su hermano”, remarcó el abogado.

“Estamos hablando de un gran negocio y los escribanos, vendieron loteos que no existían. El Colegio de Escribanos, debería haber intervenido”, consideró y agregó que “los escribanos saben que antes de vender, deben existir los papeles que acrediten la propiedad de quien vende”, explicó.

Damnificados que ya no están

“Uno de los damnificados fallecidos, fue un corredor inmobiliario, que había adquirido un grupo de lotes a la señora Migueles, que incluso, se había ofrecido como testigo en la causa; pero lamentablemente, por las presiones y `escraches´ que recibió; esta persona se quitó la vida”, relató Pacher y agregó que “mucha gente ha quedado en el camino, mucha gente que, desgraciadamente, falleció con la ilusión de tener su lotecito en Oro Verde”, sostuvo el letrado.
“Hay muchos que quieren ver presos a las personas responsables de estos hechos. Eso es impartir justicia y eso es lo que anhelan los perjudicados”, concluyó el letrado. Fuente: El Once