![\"\"](\"https:\/\/elonce-media.elonce.com\/fotos\/2024\/08\/28\/e_1724855808_25212.webp\")
<\/figure>\nLa letrada pidi\u00f3 que se de intervenci\u00f3n a la UFI PAMI, unidad fiscal especializada en delitos previsionales.<\/p>\n
“Con el veto a la ley de movilidad jubilatoria que significar\u00eda un aumento \u00ednfimo, pero un aumento al fin para el sector pasivo, y una f\u00f3rmula de actualizaci\u00f3n m\u00ednimamente realista, estamos frente a una conducta que podr\u00eda tipificarse no solo como el incumplimiento de deberes de funcionario p\u00fablico, al no cumplir con leyes y tratados internacionales, sino tambi\u00e9n frente a conductas que podr\u00edan encajar en un plan sistem\u00e1tico contra los pasivos de nuestra sociedad”, argument\u00f3 Carreras.<\/p>\n
“Pol\u00edtica de maltrato”<\/h2>\n
La abogada sostuvo que el veto presidencial deber\u00eda investigarse “no como un hecho aislado, sino como parte de toda una pol\u00edtica de maltrato al adulto mayor, que llevan no solo a incumplir con la garant\u00eda de derecho humano b\u00e1sico como derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, sino tambi\u00e9n como un ataque desde el Estado a los m\u00e1s vulnerables”.<\/p>\n
En la presentaci\u00f3n, Carreras pidi\u00f3 que se la cite a ratificar su denuncia. “No puede permitirse el abuso de poder contra un sector por dem\u00e1s vulnerable como es la enorme cantidad de adultos mayores de la Argentina”, subray\u00f3.<\/p>\n
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