Conflicto por los aranceles de las prestaciones médicas
El anuncio fue realizado por cuatro entidades que representan a más de 100 instituciones sanitarias del país. Sin embargo, fuentes consultadas por Elonce aseguraron que, por el momento, la medida de fuerza no afecta a Entre Ríos.
Desde el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) señalaron que las negociaciones continúan abiertas y que se alcanzó un entendimiento para mejorar los valores de determinadas prácticas. No obstante, las clínicas consideran insuficiente la propuesta y mantienen el anuncio de suspensión mientras evalúan los próximos pasos.
Por qué las clínicas privadas anunciaron la suspensión de servicios
La medida fue impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y Clínicas de la Patagonia.
Las entidades reclaman una recomposición de los valores que paga PAMI por las prestaciones médicas, además de modificaciones en los contratos que regulan la atención de sus afiliados.
Según explicaron los representantes del sector, el incremento de los costos operativos, los insumos y los medicamentos superó ampliamente las actualizaciones de los aranceles durante los últimos años.
Con la suspensión de 48 horas, los prestadores buscan obtener “una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones” y evitar un mayor deterioro de la atención sanitaria.
Los representantes de las instituciones sostienen que las dificultades económicas no se limitan a los servicios destinados a los afiliados de PAMI, sino que también repercuten en el funcionamiento general del sistema privado de salud.
Los prestadores advierten por restricciones en las prácticas
Además de reclamar una actualización económica, las clínicas cuestionan el modelo de contratación de PAMI.
Según explicaron directivos del sector, algunos contratos establecen límites a la cantidad de determinadas prácticas que puede realizar cada institución.
Entre las prestaciones mencionadas se encuentran procedimientos de hemodinamia, cirugías cardíacas y neurocirugía.
Los representantes de las clínicas también plantearon su preocupación por la derivación de pacientes hacia hospitales públicos, al considerar que podría incrementar la demanda sobre establecimientos que ya enfrentan una elevada carga asistencial.
En ese contexto, reclamaron regularizar los pagos, fortalecer las contrataciones con instituciones privadas y revisar las condiciones de prestación de los servicios.
Las entidades recordaron que el sector privado concentra aproximadamente el 56% de las camas disponibles en el país.
Las clínicas consideran insuficientes los últimos aumentos
Durante 2026, PAMI dispuso actualizaciones de aranceles que, según los prestadores, alcanzaron el 1,9% en junio y el 8% en julio para determinadas prácticas.
Sin embargo, las entidades señalaron que los incrementos no fueron uniformes y que algunos servicios no recibieron recomposiciones.
Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro, explicó que en las clínicas patagónicas el aumento de este año fue del 8%, pero solamente se aplicó a una parte de las prestaciones.
“El grupo de alta complejidad tuvo cero aumento e, inclusive, en octubre hay una disminución de los precios en ese grupo”, sostuvo.
El directivo también cuestionó los límites establecidos para algunas prácticas de alta complejidad.
En relación con la propuesta presentada recientemente por PAMI, indicó que existe un compromiso de actualización vinculado con los aumentos salariales acordados en paritarias.
No obstante, consideró que esa medida no alcanza para solucionar las dificultades financieras de los establecimientos.
“No resuelve el problema de fondo, el tremendo retraso de precios”, afirmó.
Sabalette estimó que, al considerar las prestaciones que recibieron aumentos y aquellas que quedaron excluidas, la actualización promedio de los primeros nueve meses del año no superaría el 4% o 5%, aunque aclaró que el resultado varía según cada institución.
Reclamos al Gobierno nacional por impuestos y deudas
El conflicto también incluye pedidos de modificaciones tributarias y soluciones para las deudas acumuladas por establecimientos sanitarios.
Las entidades señalaron que el 14 de septiembre solicitaron una audiencia urgente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para abordar la situación económica del sector.
Entre los temas que buscan discutir se encuentra la necesidad de avanzar en una reforma tributaria y encontrar una solución para cerca de 5.000 entidades que mantienen deudas fiscales.
Según indicaron, esos establecimientos están alcanzados por una disposición que impide a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciar ejecuciones por determinadas obligaciones impagas.
Los prestadores advirtieron que la incertidumbre sobre la continuidad de ese régimen también afecta la planificación financiera de las instituciones. Fuente: El Once
