Cambios en la autoridad monetaria
El anuncio fue confirmado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que la modificación del funcionamiento de la autoridad monetaria constituye una de las prioridades de la administración nacional en su estrategia para consolidar la baja de la inflación.
Según adelantó el funcionario, el proyecto ingresaría la próxima semana por la Cámara de Diputados, una vez finalizado el receso legislativo de invierno.
Qué cambios propone el Gobierno
Desde la Casa Rosada consideran que la reforma representa uno de los pilares del programa económico y forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Uno de los principales cambios será redefinir la misión del Banco Central. El proyecto pretende que la preservación del valor de la moneda se convierta en el objetivo principal de la entidad, reemplazando el esquema vigente desde 2012, que también contempla la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Para el Gobierno, ese cambio permitirá consolidar un marco institucional enfocado en la estabilidad monetaria y el control de la inflación.
Menos financiamiento al Tesoro
Otro de los ejes centrales de la iniciativa apunta a restringir la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria.
En ese sentido, el proyecto prevé eliminar los adelantos transitorios, limitar el uso de letras intransferibles y establecer mayores restricciones para la distribución de utilidades del organismo, salvo en situaciones excepcionales previstas por la ley.
Además, la propuesta incorpora mecanismos para fortalecer la independencia institucional del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo, otorgando mayor estabilidad a las autoridades de la entidad y endureciendo las condiciones para su remoción.
La estrategia legislativa del Gobierno
La reforma de la Carta Orgánica será una de las primeras iniciativas económicas que el oficialismo enviará al Congreso tras el receso parlamentario.
El Ejecutivo también prevé impulsar otros proyectos, entre ellos el denominado “shutdown” del Estado, un mecanismo inspirado en el sistema estadounidense que establecería la suspensión automática de determinadas funciones estatales cuando no se apruebe el Presupuesto.
En paralelo, el Gobierno deberá remitir antes del 15 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2027, mientras busca reunir los consensos necesarios para avanzar con las reformas económicas, ya que La Libertad Avanza aún no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras.
Desde el oficialismo consideran que la aprobación de estas iniciativas permitirá consolidar el programa económico y brindar mayor previsibilidad al funcionamiento del sistema financiero, aunque anticipan que la discusión parlamentaria estará atravesada por un fuerte debate político. Fuente: El Once
