Padres, AGMER y la Fundación Cauce solicitaron a la Justicia que suspenda la implementación del nuevo esquema de provisión de alimentos. Cuestionan la contratación de un proveedor único y denuncian incumplimientos de la Ley de Etiquetado Frontal.
Un grupo de padres, junto con AGMER y la Fundación Cauce, presentó este viernes un amparo colectivo para frenar la implementación del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas en los comedores escolares de Entre Ríos, cuya puesta en marcha fue anunciada por el Gobierno provincial para agosto.
La acción judicial solicita que la Justicia suspenda la aplicación del esquema de compras centralizadas establecido mediante los decretos 2264/2022 MDS y 852/2026 E-GER-GOB, que prevé la contratación de un proveedor único, la empresa Teknofood.
El amparo fue presentado por los abogados Aldana Sasia y Rubén Pagliotto, en representación de un grupo de padres y alumnos; Valeria Enderle, por la Fundación Cauce; y Verónica Fischbach, en nombre de AGMER.
Piden una medida cautelar
En la presentación, los amparistas solicitaron una medida cautelar para que la Provincia se abstenga de distribuir alimentos cuya adecuación a la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable y a los estándares nutricionales vigentes no haya sido acreditada.
Además, reclamaron que se ordene al Gobierno provincial continuar transfiriendo a cada establecimiento educativo los fondos destinados a la compra descentralizada de alimentos, modalidad utilizada hasta ahora para adquirir leche, frutas, panificados, yogures, quesos, cereales y otros productos destinados a desayunos y meriendas.
El planteo sostiene que ese esquema debe mantenerse hasta que la Provincia demuestre que el nuevo sistema cumple plenamente con la legislación vigente y garantiza el derecho a una alimentación adecuada.
Denuncian incumplimientos de la Ley de Etiquetado Frontal
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el nuevo sistema incluiría productos ultraprocesados con sellos de advertencia nutricional, situación que, según los demandantes, contraviene la Ley de Etiquetado Frontal.
En particular, la presentación menciona el producto “Budín Abanderado”, elaborado por Teknofood, al sostener que posee sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas y calorías, lo que impediría su incorporación en compras públicas destinadas a establecimientos educativos.
Los abogados sostienen que la fortificación con vitaminas y minerales no modifica el perfil nutricional del producto y califican esa práctica como un “maquillaje nutricional”, al considerar que intenta compensar el alto contenido de ingredientes críticos.
Asimismo, vinculan el consumo de alimentos ultraprocesados con el aumento de la obesidad infantil, el sobrepeso y otras enfermedades no transmisibles en niños y adolescentes.
Críticas a la licitación
El amparo también cuestiona los pliegos de la licitación mediante la cual se adjudicó el servicio a Teknofood.
Según la presentación, los requisitos se limitaron a exigir un determinado aporte calórico y proteico, sin establecer la obligación de incorporar alimentos frescos o mínimamente procesados.
Los demandantes sostienen que los pliegos no priorizan una alimentación saludable ni prohíben expresamente la inclusión de productos con sellos de advertencia.
También afirman que la evaluación de las ofertas privilegió la capacidad logística y la experiencia empresarial por encima del impacto nutricional de los alimentos que recibirán los estudiantes.
Argumentan un posible “daño irreparable”
Los abogados justificaron la presentación del amparo al sostener que la implementación del nuevo esquema podría provocar un “daño irreparable” en el desarrollo de niños y adolescentes.
En ese sentido, invocaron el interés superior del niño, el derecho a una alimentación saludable y los estándares internacionales de protección de la infancia.
Con la presentación judicial, los demandantes buscan que la Justicia suspenda la aplicación del nuevo sistema antes de su puesta en marcha, prevista para agosto, mientras se analiza la legalidad de la modalidad de provisión centralizada impulsada por el Gobierno provincial. Fuente: El Once
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