La cartera que conduce Julio Cordero buscó instalar una “remuneración mínima garantizada” dentro de las negociaciones entre sindicatos y cámaras empresarias. El mencionado es el monto de referencia fijado para agosto de 2026.
El esquema no se aplicará mediante un decreto ni representará un aumento automático para todos los trabajadores. El nuevo piso deberá surgir de cada negociación sectorial y contar posteriormente con la homologación de la Secretaría de Trabajo.
La diferencia con el salario mínimo
La remuneración mínima garantizada no debe confundirse con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Se trata de dos instrumentos diferentes, con mecanismos de determinación y alcances distintos.
El salario mínimo constituye un piso legal general y desde agosto quedó establecido en $376.600 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplen una jornada completa. También funciona como referencia para distintas prestaciones y programas sociales.
El monto de $1.070.000, en cambio, operaría dentro de los convenios colectivos. Por ese motivo, su valor de referencia es casi tres veces superior al salario mínimo vigente y deberá negociarse en cada actividad.
El Consejo del Salario se reunió este viernes
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo fue convocado oficialmente para este viernes 28 de agosto mediante una plataforma virtual.
La Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo fue citada para las 10. Allí se analizarán el nuevo valor del haber mínimo y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.
La sesión plenaria ordinaria fue convocada para las 12.30. En caso de que no se reuniera el quórum necesario, la resolución estableció una segunda convocatoria para las 14.
Reclamos sindicales antes del encuentro
La antesala de la reunión generó fricciones entre el Gobierno y las centrales obreras. La Confederación General del Trabajo y las dos CTA solicitaron formalmente que el debate se desarrollara de manera presencial y no mediante videoconferencia.
Los representantes sindicales argumentaron que la resolución adoptada por el Consejo impactará directamente sobre los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo rechazó el pedido y mantuvo la modalidad virtual.
El planteo del sindicalismo también apuntó al parámetro que debería emplearse para fijar el nuevo piso. Según las centrales obreras, el ingreso básico tendría que equipararse con el valor de una canasta familiar, estimada en $1.564.716.
Reservas sobre el piso garantizado
La propuesta oficial de promover salarios convencionales de $1.070.000 fue recibida con reservas por las organizaciones sindicales, debido a que se mantendría por debajo del valor de la canasta utilizada como referencia.
Desde la Secretaría de Trabajo, en tanto, consideraron que las paritarias serían una herramienta más efectiva para recuperar los ingresos de los trabajadores registrados que un incremento abrupto del salario mínimo.
La estrategia estaría dirigida principalmente a los sectores cuyas categorías iniciales permanecieron por debajo del millón de pesos. Entre ellos aparecen segmentos de sanidad, gastronomía, construcción, textiles, calzado, maestranza y medios de comunicación.
El antecedente de la última discusión
El Consejo del Salario reúne a representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado. Su función consiste en establecer el piso salarial y definir los valores vinculados con la prestación por desempleo.
Cuando las partes no alcanzan un acuerdo, la decisión queda en manos del Gobierno. Eso ocurrió en la última discusión, cuando el Ejecutivo fijó mediante un laudo un cronograma de diez incrementos mensuales.
El último tramo de ese esquema se aplicó en agosto y llevó el Salario Mínimo, Vital y Móvil a los actuales $376.600. Ahora deberán definirse los nuevos valores que regirán durante los próximos meses.
Cómo impacta en la prestación por desempleo
La resolución que surja del encuentro también tendrá consecuencias sobre la prestación por desempleo. El beneficio se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual recibida por el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.
Sin embargo, la prestación cuenta con límites vinculados al salario mínimo. Su monto no puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente ni superar el 100% de ese valor. Fuente: El Once
