Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., está en el centro de la investigación. Este empresario, vinculado a la familia Kirchner, está acusado de ser “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por la muerte de al menos 20 personas, según los datos más recientes. La situación judicial de Furfaro y de 13 personas más podría agravarse si se confirma la relación entre las muertes y la adulteración del fentanilo.
Una trama de negligencia y fraude en el proceso de fabricación
Los peritos han indicado que el opioide involucrado en el escándalo se encontraba destinado para uso sanitario, pero fue fabricado bajo condiciones defectuosas. Según la investigación, el lote de fentanilo adulterado, identificado como 31202, contenía contaminantes peligrosos que no fueron detectados a tiempo por las autoridades o los responsables de los laboratorios. A pesar de las múltiples alertas sobre las fallas en el proceso de fabricación, ninguna acción fue tomada para evitar que el fentanilo adulterado llegara al mercado.
El informe revela que, además de las contaminaciones bacterianas, las condiciones de producción en los laboratorios de García Furfaro y sus socios no cumplían con los estándares exigidos para la fabricación de productos farmacéuticos. “Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, detalla el informe, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
