El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados
Aunque su avance estuvo acompañado por cuestionamientos sobre el financiamiento, la actualización de las prestaciones y las condiciones para acceder a las pensiones. Durante el debate legislativo surgieron advertencias sobre la suficiencia de los recursos previstos y la necesidad de garantizar que las disposiciones se cumplan efectivamente.
El dictamen se consiguió durante un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista, respectivamente. El oficialismo buscará convertir el proyecto en ley durante la sesión prevista para el 19 de noviembre.
La propuesta, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen estable de prestaciones y recursos. Entre sus principales disposiciones se encuentra la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con el empleo formal.
Qué establece la nueva ley de Discapacidad
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación de un esquema de financiamiento “permanente” para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
El texto establece que los gastos deberán cubrirse mediante partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud. Además, dispone que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
La iniciativa también contempla la continuidad del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a sus beneficiarios, e incorpora las partidas presupuestarias necesarias para sostener su funcionamiento.
Otro punto importante es que ratifica la posibilidad de que las personas con discapacidad perciban una pensión no contributiva y, al mismo tiempo, tengan un empleo formal. También establece compatibilidades con otros beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Pensiones, auditorías y plazos para presentar descargos
El proyecto incorpora mecanismos de fiscalización para supervisar las prestaciones y detectar posibles irregularidades.
En los casos de suspensión de beneficios, establece que los titulares deberán recibir una notificación fehaciente y contar con un plazo de 60 días para presentar su descargo. Posteriormente, la autoridad competente tendrá que revisar cada situación.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el acuerdo alcanzado entre distintos sectores políticos para avanzar con la iniciativa.
“Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, sostuvo durante el plenario.
También destacó la importancia de establecer procedimientos de control que permitan garantizar la correcta utilización de los recursos.
“El sistema debe contar con auditorías y controles transparentes para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y evitar irregularidades”, señaló.
Bullrich remarcó, además, que las pensiones por discapacidad deben ser consideradas dentro de un sistema específico de protección.
“Esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad”, expresó.
La oposición cuestionó la falta de consultas
Aunque el proyecto consiguió avanzar en las comisiones, algunos sectores opositores manifestaron cuestionamientos sobre su elaboración.
La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, objetó que la iniciativa no hubiera sido debatida previamente con organismos y organizaciones vinculadas con la discapacidad.
“Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del CoFeDis que tampoco fueron consultadas”, advirtió.
La legisladora no acompañó el dictamen y mantuvo una postura similar a la de los diputados cordobeses vinculados con el gobernador Martín Llaryora, quienes habían votado en contra del proyecto durante su tratamiento en la Cámara baja.
Por su parte, Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, también cuestionó la política del Gobierno nacional hacia las personas con discapacidad.
“Las personas con discapacidad fueron muy maltratadas por este Gobierno desde hace ya tres años”, afirmó.
Sin embargo, anticipó que acompañaría el dictamen de mayoría. Explicó que, aunque consideraba que el texto podía mejorarse, su bloque buscaba garantizar la continuidad de la protección legal y evitar que quedara sin efecto el régimen de emergencia.
Financiamiento y pago de deudas a prestadores
El financiamiento fue uno de los aspectos decisivos en las negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores.
La iniciativa habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027 y establece que el sistema deberá contar con partidas anuales específicas.
Además, incorpora un cronograma para regularizar durante 2026 las deudas acumuladas con los prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad.
El texto también dispone que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas relacionadas con el sector. Fuente: El Once
